El sector logístico es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI) en México, ya que se estima que es responsable de alrededor del 14% de las emisiones totales del país. Lo anterior es consecuencia de la gran cantidad de combustible que se consume en el transporte de mercancías, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea. En un esfuerzo por reducir las emisiones de GEI y combatir el cambio climático, el gobierno mexicano ha implementado un impuesto al carbono, el cual se aplica a las emisiones de dióxido de carbono de diversas actividades, incluyendo el transporte.
¿Qué es el impuesto al carbono y cómo funciona en México?
El impuesto al carbono es un gravamen establecido por gobiernos estatales y federales que se aplica a la emisión de dióxido de carbono y otros GEI. El objetivo de dicho impuesto es el de desincentivar la emanación de estos gases y así reducir la huella ambiental de diversos sectores para combatir el calentamiento global.
Este impuesto se introdujo por primera vez en 2014 como parte de la Ley de Transición Energética y es aplicable a las emisiones de dióxido de carbono de diferentes actividades, entre las que se incluyen la quema de combustibles fósiles en la generación de electricidad, la industria y el transporte.
Es así que el impuesto al carbono en México es un impuesto “de cuota fija”, lo que significa que la tasa del impuesto es la misma para todas las empresas, independientemente de su nivel de emisiones. La tasa actual de este impuesto en México varía dependiendo del estado en el que se aplique, siendo Querétaro el que más cobra, con un gravamen de 580 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono, mientras que en el Estado de México y Guanajuato se cobran apenas 43 y 45 pesos por tonelada, respectivamente.
Hasta el momento, se han recaudado 886 millones de pesos, los cuales han sido destinados a proyectos ambientales y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, según datos proporcionados por un reporte de la Plataforma Mexicana de Carbono (México CO2).
Pese a los grandes beneficios de contar con este impuesto, lo cierto es que esta herramienta únicamente es aplicada por Baja California, Estado de México, Durango, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, lo que indica una baja participación de las entidades federativas.
¿Cuáles son los impactos potenciales en el sector logístico?
El impuesto al carbono ha tenido un impacto directo y significativo en el sector logístico de México, lo que afecta principalmente los costos operativos y la estructura de precios de las empresas dedicadas al transporte de mercancías.
Uno de los impactos más evidentes es el aumento en los costos del combustible, ya que, al gravar las emisiones de dióxido de carbono, el precio de los combustibles fósiles, que son ampliamente utilizados en el transporte de carga, se ha incrementado considerablemente. Lo anterior se traduce en un incremento en los gastos operativos de las empresas logísticas, quienes dependen en gran medida de estos combustibles para mover sus flotas de vehículos.
A su vez, este aumento se ve reflejado en los precios finales de los servicios logísticos, lo que puede reducir la competitividad de las empresas nacionales en comparación con aquellas de otros países con regulaciones menos estrictas o con acceso a fuentes de energía más baratas.
Asimismo, este impuesto ha llevado a un incremento en los costos administrativos debido a que las empresas deben invertir en reportes de emisiones para cumplir con estas regulaciones. Dichos reportes no solamente implican un costo inicial de instalación y configuración, sino también gastos continuos de mantenimiento y actualización, así como la capacitación del personal para su correcta operación.
Otro impacto directo del impuesto al carbono es la presión sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector logístico. Estas empresas, que a menudo operan con márgenes de beneficio más reducidos, encuentran más difícil absorber los costos adicionales impuestos por el carbono. La necesidad de actualizar sus flotas a vehículos más eficientes y menos contaminantes representa una inversión considerable que muchas PyMEs no pueden permitirse fácilmente, lo que podría llevar a una consolidación del sector, con las empresas más grandes absorbiendo a las más pequeñas o forzando a algunas a salir del mercado.
¿Qué pueden hacer las empresas logísticas para mitigar este impacto?
Las empresas logísticas pueden tomar una serie de medidas para mitigar el impacto del impuesto al carbono, entre las que se pueden destacar las siguiente:
- Invertir en tecnologías más eficientes en el uso de combustible, como camiones híbridos o eléctricos. También pueden utilizar sistemas de gestión de transporte para optimizar sus rutas y reducir el consumo de combustible.
- Adoptar estrategias logísticas más sostenibles, como la consolidación de envíos y la utilización de modos de transporte más eficientes, como el ferrocarril.
- Compensar sus emisiones de carbono invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones, como la reforestación o la energía renovable.
En conclusión, el impuesto al carbono es una herramienta importante para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de GEI. Sin embargo, es importante que esta herramienta se implemente de manera justa y equitativa, y que se tomen medidas para mitigar su impacto en las empresas y los consumidores. Asimismo, las empresas logísticas pueden tomar una serie de medidas para mitigar el impacto de este impuesto y hacer que sus operaciones sean más sostenibles.
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Fuentes: The Logistics World
